El 28 de agosto, Donald Trump anunció lo que calificó como "el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial". Según el presidente estadounidense, el pacto le daría a Estados Unidos el "control mayoritario" de más de 65.000 millones de barriles de crudo venezolano, cerca de una quinta parte de las reservas probadas del país.
Trump habló de "una asociación con empresas privadas" y aseguró que no representará "ningún costo para el contribuyente estadounidense".
En el mismo anuncio, se refirió a Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, como la "Respetada Presidenta Interina". Ella respondió con su "más profundo agradecimiento", y dijo que el acuerdo impulsará el "crecimiento económico" del país y la "seguridad energética" de la región.
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Trump dijo que el acuerdo "más que duplica" las reservas petroleras de Estados Unidos, que rondan los 44.000 millones de barriles.
Pero medios económicos internacionales verificaron esa afirmación y resultó engañosa, ya que Estados Unidos no será dueño de los 65.000 millones de barriles venezolanos. Se convertirá, según pudo establecer The Economist, en el propietario mayoritario de una nueva empresa con derecho a desarrollar y operar 17 yacimientos en la Faja del Orinoco y el Lago de Maracaibo.
Los contratos que firme esa entidad podrían extenderse hasta 50 años, con opción de renovarse por 50 más. En la práctica, un mismo negocio petrolero podría operar bajo las mismas reglas durante un siglo.
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Dado el número y el tamaño de los campos, es poco probable que la nueva compañía los explote todos por cuenta propia. Lo más razonable es que opere algunos directamente y decida qué firmas contratar para los demás, o los subcontrate por completo.
El Estado venezolano queda por fuera de la operación, pero recibirá regalías e impuestos por el crudo producido. El gobierno estadounidense, de hecho, actuaría como garante de los contratos, lo que reduce el riesgo para las petroleras de EE. UU. que aún recuerdan las pérdidas millonarias que sufrieron cuando Hugo Chávez modificó unilateralmente sus contratos de empresas conjuntas en 2007.
Desde entonces, ninguna gran petrolera había vuelto a invertir en el país, para frustración de Trump. Eso podría estar a punto de cambiar.
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Fuentes consultadas por The Economist identificaron a la empresa que tendrá el 45% del nuevo operador conjunto, se trata de North American Blue Energy Partners, o NABEP, una productora petrolera privada registrada en Barbados y con oficinas en Caracas.
El otro 55% quedaría en manos del gobierno de Estados Unidos, a través de una oficina del Pentágono.
NABEP está controlada por Alejandro Betancourt, empresario venezolano radicado en Londres y señalado como uno de los "bolichicos", la generación de contratistas que amasó fortunas con contratos lucrativos durante el gobierno de Chávez.
Betancourt ha enfrentado varias investigaciones internacionales por presunto lavado de dinero, aunque ha negado cualquier delito y nunca ha sido condenado.
Su cercanía con la administración Trump quedó en evidencia el 27 de agosto, cuando The Washington Post reveló que altos funcionarios estadounidenses presionaron con éxito a las autoridades suizas para resolver un proceso legal en su contra, lo que le permitió volver a viajar con libertad.
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Más allá del pasado de su socio, el acuerdo de Trump enfrenta un obstáculo mayor, cualquier contrato firmado sigue dependiendo, en última instancia, del gobierno de Delcy Rodríguez.
Ella no fue elegida por los venezolanos, sino que heredó el poder de Nicolás Maduro, quien robó abiertamente las elecciones presidenciales de 2024. Esa votación la ganó Edmundo González, el sustituto de la líder opositora María Corina Machado.
Maduro fue capturado por comandos estadounidenses en Caracas el 3 de enero y trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico. Pero su salida del poder no le otorga legitimidad a Rodríguez, su exvicepresidenta, ni a los contratos que firme su gobierno.
"Será un fiasco para todos los involucrados", dijo Ricardo Hausmann, exministro de Planificación de Venezuela y hoy profesor en Harvard, quien calificó el acuerdo de inconstitucional.
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El riesgo para quienes suscriban estos contratos es que un futuro gobierno democrático desconozca su validez, tal como lo advierte Hausmann. Esa amenaza compartida podría llevar tanto a la administración Trump como al régimen de Rodríguez a tener un mismo interés, impedir que un gobierno electo llegue al poder.
"Este creciente acuerdo 'ganar-ganar' es difícil de abandonar para cualquiera de las partes", explicó Imdat Oner, exdiplomático turco que trabajó en Caracas.
Según Oner, a medida que el pacto avance, el papel de la oposición venezolana podría desvanecerse cada vez más.
La propia administración Trump ya le pidió con insistencia a María Corina Machado, quien salió del país para recibir el Premio Nobel de la Paz en diciembre, que no regrese a Venezuela. Eso la deja en una posición incómoda, oponerse al acuerdo podría alejarla todavía más del poder. Hasta el momento, Machado no se ha pronunciado sobre el pacto.
Por otro lado, algunos analistas sostienen que hacía falta una medida para romper un estancamiento histórico, Venezuela tiene el 17% de las reservas petroleras del mundo, pero apenas aporta el 1% de la producción diaria global.
"Durante demasiado tiempo hemos tenido las mayores reservas de petróleo del planeta mientras nuestro país se empobrecía", dijo Roberto Smith Perera, exembajador venezolano ante la Unión Europea.
Agregó: "Venezuela no necesita más petróleo bajo tierra. Necesitamos inversión, tecnología, producción, empleo, infraestructura y acceso al mayor mercado energético del mundo".
Fue un ministro de Energía venezolano quien, en la década de 1970, describió memorablemente el petróleo como "el excremento del diablo". Cinco décadas después, esa frase sigue resonando: cualquier acuerdo para explotar ese potencial parece condenado a no ser del todo limpio.
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The New York Times le puso paños fríos a otra parte de la promesa de Trump. El diario advierte que la intención del presidente de usar el petróleo venezolano para reconstruir la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos enfrenta obstáculos importantes, buena parte de los detalles del acuerdo todavía se desconoce, y convertir esas reservas en producción adicional tomará tiempo.
"El principal problema es operativo. Los nuevos proyectos petroleros pueden tardar años en generar volúmenes significativos y, en Venezuela, el desafío es mayor por el deterioro de buena parte de la infraestructura después de años de mala gestión y corrupción", dijo el economista venezolano Asdrúbal Oliveros.
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