Argentina y Chile buscan movilizar multimillonarias inversiones mineras mediante herramientas legales y regulatorias que permitan a las empresas compartir infraestructura y recursos a través de la Cordillera de los Andes que separa los países.
Funcionarios de ambos países sostendrán nuevas conversaciones el jueves en el marco del Tratado de Integración y Complementación Minera, un acuerdo de 1997 que se reactivó en julio tras décadas de limitado progreso, con el objetivo de impulsar una nueva generación de proyectos de cobre.
Este renovado impulso ha tomado fuerza bajo el mandato del chileno José Antonio Kast, quien asumió el cargo en marzo, y del libertario argentino Javier Milei, ya que ambos gobiernos buscan atraer inversión privada y capitalizar el creciente interés en los sectores argentinos del litio y el cobre.
El ministro chileno de Minería, Daniel Mas, declaró este mes que el pacto habilitaría más de 20,700 millones de dólares en inversiones y añadiría 540,000 toneladas a la producción anual de cobre global.
Para los inversionistas, un atractivo clave es el potencial de los proyectos argentinos cercanos a la frontera andina de acceder a los puertos chilenos y aprovechar la infraestructura vinculada a la mayor industria productora de cobre del mundo –como plantas desalinizadoras– lo que reduce los costos, acorta las rutas de transporte y ayuda a poner en marcha nuevas minas.
El Ministerio de Minería de Chile informó que la reunión del jueves se centrará en mejorar la coordinación entre los organismos gubernamentales y en avanzar en la revisión técnica de los proyectos que podrían beneficiarse del tratado.
"El desarrollo de proyectos binacionales o de proyectos mineros argentinos que están muy cerca del límite con Chile nos abre una tremenda oportunidad para las empresas proveedoras chilenas, para la utilización de infraestructuras chilenas, para la provisión de servicios a la industria argentina, para buscar espacios de asociatividad", dijo a Reuters Joaquín Villarino, jefe del Consejo Minero de Chile, que agrupa a las mayores mineras en Chile.
El subsecretario chileno de Minería, Álvaro González, declaró a Reuters que no existe un plazo único comprometido para la adopción de todas las medidas por parte de ambos gobiernos.
Representantes de tres proyectos que podrían beneficiarse del renovado convenio se reunirán el viernes como parte de un seminario sobre integración minera que se celebra en Santiago. Esto incluye a Los Azules de McEwen Copper MUX.TO, El Pachón de Glencore y Vicuña, un proyecto transfronterizo de cobre de Lundin Mining LUN.TO y BHP BHP.AX.
Vicuña ya ha dado señales de que planea usar agua desalinizada del Pacífico, aunque representantes de las empresas declinaron comentar sobre las conversaciones a nivel gubernamental.
Actualmente Los Azules no tiene previsto utilizar agua desalinizada ni exportar a través de puertos chilenos, pero un portavoz de la empresa dijo a Reuters que estaba interesado en las conversaciones dada la proximidad del proyecto a la frontera.
La cercanía geográfica entre El Pachón, del lado argentino, con Los Pelambres, de Antofagasta Minerals ANTO.L al otro lado de la frontera, luce como una oportunidad de sinergias considerando además los planes de la chilena de ampliar su capacidad de agua desalinizada con miras a desarrollos futuros. Ambas empresas han declinado comentar sobre una potencial asociación.
Argentina, un importante exportador agrícola, no ha producido cobre desde el cierre de la mina Alumbrera en 2018, pero posee varios proyectos de clase mundial que, según los analistas, podrían situarla entre los 10 principales productores de cobre del mundo para 2030.
Junto con Chile, el mayor productor mundial de este metal, ambas naciones podrían conformar un importante centro de suministro de cobre, considerado fundamental para la transición energética.
"La reactivación de proyectos cupríferos a gran escala posiciona a la región como un actor clave para la transición energética global. La integración con Chile permite reducir los costos de capital y de operación mediante el uso eficiente de infraestructura compartida", dijo una fuente del gobierno argentino.
Uno de los mayores desafíos será cómo habilitar el envío de agua de mar o desalinizada entre ambos países, según analistas, además de las obras de infraestructura requeridas y la armonización de controles aduaneros, ambientales y tributarios.
"Hay una cuestión de eficiencia económica y ambiental. Un gran desafío es robustecer la institucionalidad del tratado", dijo a Reuters el economista Víctor Delbuono, investigador del centro de estudios argentino Fundar.
(Reporte de Fabián Cambero en Santiago y Lucila Sigal en Buenos Aires. Editado por Lucinda Elliott)