Ocho meses después de la salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela, el futuro energético del país ha dado un giro que reconfigura el tablero geopolítico global. Según ha revelado en exclusiva 'The Wall Street Journal' ('WSJ'), la Administración Trump evalúa un ambicioso e inusual plan para que el propio Departamento de Defensa de Estados Unidos asuma el control directo de los activos e infraestructura petrolera del país caribeño mediante alianzas estratégicas con la estatal PDVSA.
Esta estrategia no solo busca destinar los ingresos del crudo a financiar la reconstrucción nacional y compensar a corporaciones expropiadas en el pasado, sino también expulsar de forma definitiva la influencia militar y económica de potencias como China, Rusia e Irán de la mayor reserva de petróleo del planeta.
El anuncio llega envuelto en cifras que se contradicen entre sí —25 años por un lado, un siglo por otro—, en una guerra con Irán que está vaciado la reserva estratégica estadounidense, y en una ironía política que no ha pasado desapercibida en Caracas: quien firma la entrega de las reservas es Delcy Rodríguez, la misma líder chavista que durante años acusó a la oposición de María Corina Machado de querer "regalarle" el país a Washington.
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Todo arrancó en la madrugada del 3 de enero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses ejecutaron la operación Resolución Absoluta ('Operation Absolute Resolve' en inglés) y capturaron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en Caracas. Ambos fueron trasladados de inmediato a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo ante un tribunal federal. 48 horas después, la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumía el poder como presidenta encargada, con el respaldo de la cúpula chavista restante y, según reportaron después 'The New York Times' y 'The Wall Street Journal', con el visto bueno de la propia CIA, que habría recomendado apostar por Rodríguez en lugar de por la líder opositora María Corina Machado ante el temor de que esta última no controlara al Ejército.
Boceto judicial del expresidente de Venezuela Nicolás Maduro, sus abogados y Cilia Flores durante una vista previa al juicio en un caso de tráfico de drogas en julio de 2026. - AP Photo
Desde entonces, Washington ha construido una relación pragmática con la heredera del chavismo. Trump la ha descrito públicamente como una "persona extraordinaria" que ha hecho "un muy, muy buen trabajo", mientras mantenía a Machado —ganadora del Nobel de la Paz 2025— en un papel secundario, recibida en la Casa Blanca pero sin respaldo para gobernar. La propia Machado ha denunciado que Rodríguez "está recibiendo órdenes" de Estados Unidos y que "nadie confía en ella".
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El viernes 28 de agosto, Trump anunció lo que calificó como el mayor acuerdo petrolero de su historia con Venezuela: Washington se hace con el control mayoritario de más del 20% de las reservas probadas del país, unos 65.000 millones de barriles repartidos en 17 campos estratégicos. Delcy Rodríguez presentó el pacto como "histórico" y detalló que tendrá una vigencia de 25 años, con el objetivo de superar 1,5 millones de barriles diarios de producción y unos ingresos proyectados de 209.000 millones de dólares para Venezuela, con una regalía mínima del 16% y un impuesto sobre la renta del 34%. Rodríguez insiste en que el país hispanoamericano "conserva la propiedad y la soberanía" sobre sus recursos.
Sin embargo, una investigación de 'The Wall Street Journal', firmada por Vera Bergengruen, Drew FitzGerald, Collin Eaton y Juan Forero, revela un escenario distinto bajo ese marco de 25 años. Según el diario, Trump llevaba meses proclamando que la caída de Maduro había asegurado el petróleo venezolano para Estados Unidos, pero cuando las petroleras privadas se resistieron a invertir al ritmo que él exigía, su Administración diseñó una fórmula inédita: convertir al propio Gobierno estadounidense en inversor, a través de la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono.
El mecanismo consiste en una participación pasiva del 35% en North American Blue Energy Partners (NABEP), la empresa del controvertido empresario venezolano Alejandro Betancourt, que recibiría una concesión de un siglo sobre esos campos, además de derechos preferenciales para comprar el 20% de su producción a precio de coste. Un funcionario estadounidense declaró a la cadena 'CBS' que Washington controlaría en la práctica el 55% de esa sociedad conjunta, entre la participación accionarial y esa capacidad de compra ventajosa.
El resultado es que el marco político que Rodríguez vende a los venezolanos —25 años, con regalías e impuestos definidos— convive con una estructura societaria de fondo que, según el 'WSJ', otorga derechos por 100 años y sitúa al propio Pentágono como accionista de un negocio petrolero privado, algo sin precedente moderno claro. El propio acuerdo, según el diario, ha generado confusión entre ejecutivos del sector y funcionarios estadounidenses sobre cómo funcionará exactamente, y ha encendido alarmas en la industria sobre si un futuro Gobierno venezolano podría impugnarlo legalmente.
Las informaciones publicadas por el 'WSJ' apuntan a un motivo doméstico que explica la prisa de la Casa Blanca: la guerra con Irán ha drenado la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos hasta aproximadamente el 41% de su capacidad, su nivel más bajo en más de cuatro décadas, mientras el precio medio de la gasolina ha subido más de un tercio desde el inicio del conflicto.
Trump anunció que usará crudo venezolano para rellenar esa reserva, y lo ha descrito en redes sociales como "un regalo de Venezuela al pueblo de Estados Unidos". Según el 'WSJ', funcionarios de la Administración se apresuraron a presentar esta fuente de crudo como una forma de proteger a los estadounidenses del coste de la guerra antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato.
Publicación de Trump en la que explica que rellenará las reservas estratégicas de petróleo de EE.UU. - Truth Social
En paralelo, Caracas negocia la liberación de otro activo congelado desde hace casi ocho años: 31 toneladas de oro depositadas por el Banco Central de Venezuela en las bóvedas del Banco de Inglaterra, valoradas en unos 4.000 millones de dólares, más de 3.449 millones de euros. El acceso quedó bloqueado en 2019, cuando Londres reconoció al entonces líder opositor Juan Guaidó como presidente interino.
Este agosto, el Gobierno de Rodríguez y sectores de la oposición —sin Machado, excluida de la mesa— alcanzaron un consenso inusual para reclamar juntos esos fondos, destinados en teoría a la reconstrucción tras los terremotos del 24 de junio, que dejaron más de 6.000 muertos.
Por su lado, el Foreign Office británico ha aclarado que no es parte del litigio judicial que determinará el control del oro, y su liberación exigirá auditorías externas y depósitos supervisados en el Tesoro estadounidense. Es decir: la propiedad formal sigue siendo venezolana, pero su desbloqueo queda condicionado, de facto, a mecanismos de control diseñados en Washington.
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Algunos detalles que circulan sobre la negociación de la explotación del petróleo venezolano —entre ellos, una llamada telefónica reciente entre Trump y Rodríguez en la que habrían cerrado los términos del acuerdo— no han podido confirmarse de forma independiente más allá del propio reportaje del 'WSJ'. Tampoco hay, por el momento, una fecha para las elecciones que tanto Rodríguez como Machado dicen perseguir, ni claridad sobre qué ocurrirá con el acuerdo petrolero si, como reclama la oposición, se produce en algún momento una transición política real.
Mientras el que fuera presidente venezolano permanece en prisión a la espera de juicio, lo que sí está establecido es el patrón: ocho meses después de la intervención militar que extrajo a Maduro del poder, Venezuela ha pasado de la retórica antiimperialista del chavismo a un esquema en el que el propio Pentágono figura como accionista de su petróleo, mientras la disputa por quién gobierna realmente el país —Rodríguez con el respaldo de Washington, o Machado con el respaldo popular y el Nobel— sigue sin resolverse.