CIUDAD DE MÉXICO, agosto 31 (EL UNIVERSAL).- Especialistas consultados por EL UNIVERSAL coinciden en que el común denominador de los proyectos que arrancaron en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador sigue siendo la impunidad a los comprobados sobrecostos y la inutilidad social que han tenido.
En entrevista, los especialistas en transparencia y obra pública lamentan que un gobierno como el mexicano siga destinando tantos recursos a proyectos que no contaron con un estudio que avalara su eficiencia y, ante la observancia de que no cumplieron con sus metas, deje de invertirse ese recurso público en ramos como educación y salud.
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, recuerda que, en el pasado, otros grandes proyectos de infraestructura fueron frenados por la percepción de corrupción y opacidad en sus construcciones, y considera que no debe repetirse la historia, sino que los grandes proyectos de un gobierno deben siempre echarse a andar con una amplia rendición de cuentas.
"El país necesita crecimiento económico sostenido y proyectos de infraestructura, pero no a cualquier costo. La infraestructura estratégica del país reclama mayor integridad, transparencia y una planeación financiera impecable, sin sobreprecios ni abusos", dice.
Agrega que "si algo frenó los grandes proyectos de infraestructura del pasado, como el aeropuerto de Texcoco, fue la percepción de opacidad y corrupción al construirlos. No repitamos la historia. Los proyectos más emblemáticos del país sólo tendrán futuro y sostenibilidad si se hacen con apertura, de cara a la nación y rindiendo cuentas", considera Bohórquez.
Marco A. Fernández, profesor del Tecnológico de Monterrey e investigador de México Evalúa, lamenta que "la ocurrencia junto con la corrupción" sean hasta el momento la marca de estas obras, iniciadas en el primer gobierno de lo que han denominado la Cuarta Transformación.
"Ya se han demostrado sobrecostos, limitaciones serias sobre la utilidad social, problemas de uso impacto ambiental y, el común denominador, además de la impunidad en el malgasto, han dejado en evidencia la nula utilidad de las instituciones encargadas de establecer controles y orientación de cuentas porque el auditor superior, evidentemente, no ha hecho su trabajo", señala Fernández.
Recrimina que los legisladores —sobre todo y por obviedad, los de oposición— no tengan discusiones serias en las comisiones para hacer una revisión de todos los gastos en estas megaobras.
También considera que reservar información sobre estos proyectos, a través de la excusa de la seguridad nacional, "no tapa el sol con un dedo".
"No se puede tapar que Mexicana no tiene pasajeros, que Dos Bocas se ha inundado y que ha tenido problemas de impacto ambiental, que la mala planeación del Interoceánico ha costado vidas. Eso no han podido ocultarlo", señala Fernández.
En reiteradas ocasiones —y recientemente a raíz de la serie Megaobras bajo la lupa— el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío, ha sostenido que los decretos del expresidente López Obrador para declarar sus megaobras como de "seguridad nacional" son inconstitucionales y buscan evadir la transparencia judicial.
En participaciones en medios, ha considerado que el gobierno de López Obrador dinamitó la burocracia e instituciones al abaratar sus tareas; por ejemplo, asignando al Ejército tantas funciones que poco tienen que ver con su objetivo real.
Al respecto, Eduardo Bohórquez lamenta que en medio de los señalamientos por falta de comprobación y transparencia de gasto en estos megaproyectos quede la confianza del pueblo en el Ejército.
"El país necesita confiar en sus Fuerzas Armadas. Cuando los escándalos de corrupción crecen, la confianza social se va perdiendo. En los últimos años, la evidencia muestra que la decisión de entregar a las Fuerzas Armadas la construcción y operación de grandes proyectos de infraestructura debe evaluarse", plantea.
"No podemos seguir entregando proyectos a las Fuerzas Armadas de manera inercial, sin evaluar sus impactos y, especialmente, si son costo-eficiente para quienes pagamos impuestos", agrega.
Para Marco Fernández, buscar visibilizar estos problemas en el gasto público es importante porque, al menos en lo que va de estas administraciones, México ha tenido una incapacidad operativa a nivel recursos que han impactado en otras ramas igualmente importantes para invertir: salud y educación.
"Hemos venido sufriendo problemas presupuestales a costa de estar financiando este tipo de proyectos que, insisto, han tenido escaso o nulo beneficio social y todo bajo el ámbito, además, de una impunidad mayúscula", advierte.
Continúa: "También pareciera que, hasta ahorita, no se ha expresado suficiente la indignación ciudadana para castigar —si no se puede castigar penalmente— al menos administrativamente tanta opacidad. Eso porque las instituciones están capturadas por el propio gobierno; entonces, habría que castigarlos electoralmente, pero eso tampoco se ha hecho".
El dato
* El gobierno de Andrés Manuel López Obrador asignó al Ejército funciones que poco tienen que ver con su objetivo real.